Bruselas lanza un plan para renovar y aislar 35.000 edificios para 2030

El objetivo de la Comisión Europea es multiplicar la tasa de renovación, reducir las emisiones y promover la creación de 160.000 nuevos empleos

El 85% de los edificios y viviendas en la Unión Europea fueron construidos hace más de 20 años (antes del 2001) y entre el 85 y 95% seguirán en pie en el año 2050. Se trata de un sector energéticamente ineficiente, responsable del 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de gases con efecto invernadero. De ahí su importancia para reducir las emisiones un 55% en 2030, tal y como ha propuesto Bruselas, y lograr la neutralidad de carbono en 2050. Con este objetivo, el Ejecutivo comunitario ha lanzado este miércoles una nueva estrategia para impulsar la renovación y rehabilitación de 35.000 edificios para 2030 y crear 160.000 empleos adicionales en el sector de la construcción, uno de los más golpeados por la pandemia del coronavirus.

Actualmente, solo el 11% del estoc de edificios es objeto cada año de algún tipo de renovación, aunque únicamente el 1% protagoniza una renovación en profundidad destinada a reducir el consumo energético. “Las renovaciones profundas que mejoran la eficiencia energética de un edificio en al menos el 60% solo se realizan en el 0,2% de los edificios y solo en una quinta parte de los casos mejora significativamente”, alerta la Comisión. Ese es el gran objetivo de la nueva “ola de renovación”, como ha bautizado Bruselas a su iniciativa: duplicar al menos la tasa de renovación para 2030 y desencadenar un círculos virtuoso para actualizar los 220 millones edificios que hay en la UE, especialmente aquellos menos eficientes.

Según sus estimaciones, con medidas para mejorar el aislamiento de edificios o instalar calderas y sistemas de calefacción más sostenibles se podrían reducir las emisiones un 60% y un 14% el consumo. La estrategia priorizará tres áreas: decarbonización de los sistemas de calefacción y aires acondicionados, pobreza energética y edificios menos eficientes así como la renovación de edificios públicos como escuelas, hospitales, viviendas sociales instituciones culturales y edificios de la administración entre otros.

Uso del fondo de recuperación

Para lograrlo, la Comisión Europea propone utilizar la financiación europea y, sobre todo, el nuevo fondo de recuperación de 750.000 millones de euros acordado por los líderes de la UE en julio, cuyo 37% deberá destinarse precisamente a proyectos verdes para impulsar renovaciones de calidad, atraer inversiones privadas, estimular la financiación verde y apoyar la investigación y el desarrollo. De utilizar únicamente un tercio del dinero disponible para proyectos verdes en la facilidad de recuperación significa 80.000 millones en los próximos años, según ha indicado la comisaria Kadri Simson. Según las estimaciones de Bruselas para reducir las emisiones un 55% en 2030 –el Parlamento Europeo ha reclamado un 60% y el objetivo están en negociación entre los Veintisiete- serán necesarias inversiones de 275.000 millones adicionales anuales.

Los planes se traducirán en propuestas legislativas el próximo año. El Ejecutivo comunitario ha anunciado la revisión en 2021 de la directiva sobre eficiencia energética y la directiva de eficiencia de los edificios. También avanza la introducción de una obligación más fuerte en relación a los certificados de eficiencia, con la introducción de estándares mínimos para los edificios antiguos antes de finales del próximo año. También propondrá extender los requisitos de renovación a todos los niveles de la administración pública. “Queremos que todos en Europa tengan una casa que puedan iluminar, calentar o enfriar sin romper el banco o el planeta y la ola de renovación mejorará dónde vivimos, trabajamos y estudiamos al tiempo que reducirá el impacto sobre el medio ambiente y crear miles de puestos de trabajo”, ha destacado el vicepresidente ejecutivo, Frans Timmermans.

Además de la nueva estrategia para reducir las emisiones de CO2 en el sector de los edificios, la Comisión ha adoptado un segundo plan para combatir las emisiones de metano, el segundo mayor contribuyente al cambio climático después del dióxido de carbono, con medidas en el ámbito de la energía, la agricultura y la gestión de residuos. En este sector, Bruselas anuncia la revisión de la legislación sobre vertederos en 2024