La Cámara de Contractistas de Cataluña ha advertido de que el Covid-19 y la consecuente crisis económica han llevado al sector de la construcción a una nueva etapa de recesión.

Constructores y promotores constatan que las empresas del sector están disminuyendo su cartera de proyectos y cada vez tienen más dificultades para adjudicarse nuevas obras. Prueba de ello es la caída de la licitación de enero a septiembre de un 41% y la disminución del número de metros cuadrados a construir según los visados ??de obra nueva, con una reducción del 35% de enero a julio respecto al año anterior. En concreto, los permisos para obra nueva han descendido un 33% en la construcción residencial y un 40% para la no residencial.

A pesar de que la recuperación tal el levantamiento del estado de alarma ha sido mejor en el sector de la construcción que en otras áreas de actividad, según admite la Cámara Oficial de Contratistas de Cataluña (COCC), los datos muestran que la inversión en construcción el segundo trimestre de 2020 cayó en volumen un 26,2% respecto el mismo periodo del año anterior, superior a la disminución del PIB, que fue del 21,3%, según el Idescat (Instituto Catalán de Estadística).

En base a estos datos, la Cámara vaticina que la inversión en construcción caerá un 20% en 2020 y crecería un 10% en 2021 en variación anual, siempre en función de la evolución de la pandemia y la introducción de métodos diagnósticos más rápidos y, eventualmente, de una vacuna efectiva.

Advertencias

En un análisis obre la situación del sector en lo que va de año, constructores y promotores advierten que del sector público, que tiene que afrontar un aumento del gasto y una disminución de los ingresos, depende de la llegada de los fondos europeos puede impulsar más proyectos que ayuden al sector a volver a ganar impulso. “También puede favorecerlo el hecho de que el Estado ha suspendido las reglas fiscales y los objetivos de déficit de manera extraordinaria para 2020 y 2021 para el conjunto de las administraciones. Esta suspensión permitirá que los ayuntamientos puedan utilizar todos sus remanentes durante los años 2020 y 2021 y que la Generalitat pueda endeudarse más”, manifiestan.

En este sentido, ponen en valor la construcción como una de las locomotoras de la recuperación, por su capacidad de arrastre de otros sectores.

Destacan que “así lo ha entendido la Unión Europea, que aportará fondos para la rehabilitación de viviendas y otros proyectos vinculados a la sostenibilidad, la eficiencia energética y el cambio climático, entre otros. Los largos procedimientos de contratación, sin embargo, no se adaptan bien a los plazos breves del Plan de Recuperación y Resiliencia de la UE, por lo que será necesario acortar el tiempo entre la licitación y la adjudicación, y mejorar la coordinación en la planificación y aplicación de los fondo entre Administraciones y agentes económicos”.

Dudas sobre los fondos UE

En concreto, sobre la cantidad de recursos de fondos europeos y la política de reparto, la Cámara de Contratistas lanza una serie de sugerencias al Gobierno. Evidencia sus dudas sobre qué recursos recibirá efectivamente la Generalitat de Cataluña para hacer frente al aumento del gasto para reactivar la economía y la protección social y la caída de la recaudación tributaria.

Asimismo, manifiesta que se desconoce aún con qué normas se regirá la distribución de los recursos financieros europeos y cuál puede ser la inversión destinada a Cataluña o los contratos adjudicados a empresas catalanas. En todo caso, según sus datos, en el periodo 2012-2019 el 60% de las licitaciones los órganos de contratación del sector público estatal ubicados en Madrid se adjudican a empresas con sede social en Madrid, lo que equivale a el 64,4% en términos de importe.

La CCOC añade que, a su entender, el Estado español ha demostrado poca capacidad de gestión de los fondos europeos. Según el Tribunal de Cuentas Europeo, España sólo ha ejecutado el 39% de los fondos adjudicados en el periodo 2014-2020 (por 49% de Alemania o el 53% de Francia, por ejemplo). “Estas cifras pueden poner de manifiesto dificultades institucionales para hacer frente a grandes proyectos transformadores”, concluye el análisis de los constructores.